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Sociedad

Empezaron a caerse las máscaras de la justicia

Poder judicial y dictadura

La Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento del juez Otilio Roque Romano por su participación en 76 casos de delitos de lesa humanidad, a los que les dio cobertura e impunidad.

Cuando en 2005 se denunció la complicidad de jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal con los imputados por crímenes de lesa humanidad, pocos tenían la esperanza de discutir el rol de los civiles durante la dictadura y, mucho menos, el del Poder Judicial.  El caso de Alfredo Bisordi –hoy defensor de Luis Patti–, uno de los jueces de la Cámara de Casación, que pocos años atrás acusaba en sus sentencias a sobrevivientes de los centros clandestinos de “delincuentes terroristas” y menospreciaba la actividad de los organismos de Derechos Humanos, aunque burdo en su proceder, resultó paradigmático y concluyó siendo la primera cabeza en ingresar al brete. Muchas habían sido las denuncias sobre magistrados y fiscales que no trepidaron en asumir tanto el discurso del exterminio como su propio accionar, posiblemente pensando que la dictadura llegaba para instalar un país y una sociedad que jamás dejarían de ser lo que ellos habían diseñado, exterminio mediante.  Y si bien el mazazo fue gigantesco y la sociedad se vio aterrorizada y paralizada, la reconstrucción de la política y las instituciones dejaron en claro que sólo se trató de una idea, propia de autoritarios que se suponen eternos. Poco a poco van cayéndose las máscaras.
Cuando el 16 de mayo pasado se dio a conocer en el Chaco el veredicto contra algunos de los responsables de la masacre de Margarita Belén (torturas y fusilamiento extrajudicial de 22 presos políticos), quedaba atrás una saga de obstrucciones y complicidades, como el caso de Ana María Torres, secretaria de la Fiscalía General de Resistencia, que fue exonerada por el Procurador Esteban Righi, por haber favorecido la estrategia de los militares acusados. O los casos mucho más graves de los fiscales Carlos Flores Leyes y Roberto Mazzoni, acusados de complicidad directa por haber ocultado los fusilamientos y participado en las sesiones de tortura. Mientras aguardaba conocer las prisiones perpetuas que dictaría el Tribunal Oral Federal n° 3 de Resistencia, Mariana Sala, hija de Néstor Sala, uno de los torturados y fusilados, recuerda que su viejo había pedido que los que sobrevivieran contaran a sus hijos que fueron perseguidos y torturados por su compromiso político, y que dieran a conocer los detalles de la masacre para denunciar a los responsables.  Mientras se lo llevaban, el flaco Sala sabía que ellos buscarían justicia.

El juez Otilio Roque Romano, procesado por casi cien hechos.

Y tenía razón.  Mariana ingresó a la sala de audiencias, donde, entre otros, estaba el que disparó a su papá en la cabeza. Y ellos tenían que verla mientras les lanzaba la misma mirada de su padre, al que quisieron borrar de la historia, como ella dice. Esa mirada se mantendría sobre los lomos vencidos de los verdugos para cerciorarse que ahora sí llegaba la justicia, esa lenta visitante de a ratos. Como una muestra de que la lucha continúa, Brasil acaba de conceder la extradición de Norberto Tozzo, otro de los acusados por la masacre.
En Mendoza, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del juez Otilio Roque Romano por su participación –que consideró necesaria– en setenta y seis casos de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, a los que les dio cobertura e impunidad desde su rol de funcionario judicial. Romano fue uno de los jueces denunciados por haber tenido en los juicios actitudes de clara complicidad con los represores, aunque continúa en funciones por medidas cautelares otorgadas por jueces de su propia banda–deudores de Romano en favores personales–. Ante esas medidas cautelares, el Consejo de la Magistratura decidió no avanzar en la investigación que había iniciado.  Y aunque ese Consejo destituyó a Luis Miret –otro de los jueces involucrados– ni siquiera suspendió a Romano, que sigue en funciones.  Luego de este pronunciamiento confirmando el procesamiento de Romano, el Consejo decidió citarlo.  Familiares y organismos de Derechos Humanos esperan que ahora esté a la altura de las circunstancias y de una vez por todas lleve adelante el proceso de destitución.  Junto a Julio Petra –otro de los jueces en el banquillo–, Romano trató de llevar adelante una maniobra para poner en la Cámara de Apelaciones a jueces amigos que decidieran su situación.  La operación afortunadamente fue abortada, aunque tuvo algunos adeptos.
Si bien la lista de jueces y fiscales cómplices es mucho más amplia (Guillermo Madueño, ya fallecido; Víctor Brussa en Santa Fe, condenado por crímenes de lesa humanidad; Carlos Otero Álvarez en Córdoba, entre otros), el caso de Mendoza es vital porque se trata de jueces que estuvieron en sus cargos ininterrumpidamente todos estos años, lo que indica una preocupante calidad del servicio de justicia, y, a la vez, una obstrucción sistemática en las causas por crímenes de lesa humanidad, en las que esos magistrados se jactaban de ser amigos de los oficiales del Ejército que debían juzgar, aunque ante el Consejo de la Magistratura se defendieron con el argumento de que desconocían lo que en esa época sucedía. Lo mismo que dicen José Alfredo Martínez de Hoz o Juan Aleman.
Angela Urondo, la hija del escritor Francisco Urondo, se muestra conforme con la confirmación del procesamiento de Romano.  “Sin limpieza en la justicia, nada puede ser justo ni limpio” dice, mientras Pablo Salinas, uno de los abogados que lleva adelante los juicios, piensa en estos jueces cómplices como una explicación de la situación aberrante en las cárceles mendocinas –que mereció la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, de cómo el pasado es tan presente y que cada paso, aunque pesado y corto, nos va acercando a esa pequeña luz entre tanta oscuridad.

fuente:Tiempo Argentino

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