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Política

Los dos camaristas que favorecieron a Clarín acumulan fallos controvertidos

El 12 de mayo pasado, los camaristas Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta se sumaron a ese sector de la “familia judicial” que viene fallando en sintonía con las necesidades del Grupo Clarín en su cruzada contra la Ley de Medios.
No fue esa, sin embargo, la primera vez que estos magistrados, que hoy integran la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, toman decisiones controvertidas o que van a contramano de lo dictado por la Corte Suprema de Justicia.
En el caso de la Ley de Medios, De las Carreras y Najurieta –Martín Farrell, tercer integrante de la Sala I, estaba recusado– hicieron una polémica interpretación del fallo que la Corte dictó en octubre pasado, en medio de la avalancha de cautelares que favorecían a Clarín.
El máximo tribunal le había pedido a los jueces fijar “plazos razonables” para la vigencia de los amparos, con el fin de no frustrar la aplicación de la norma. Como respuesta, De las Carreras y Najurieta eximieron por tres años al multimedios de cumplir con el artículo 161, la llamada “cláusula de desinversión”.
Así, durante 36 meses, la empresa será inmune a un aspecto medular de la Ley de Medios en el desmantelamiento de los monopolios de la comunicación. Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual aseguró que apelará la medida ante la Corte.
En sus fundamentos –a los que suscribió Najurieta–, De las Carreras sostuvo que mientras la prolongación de la cautelar en nada afectaba “el desenvolvimiento normal del Estado”, su caducidad y la entrada en vigencia del artículo 161 eran una “amenaza” no sólo para Clarín sino para la mismísima libertad de expresión. La “actividad empresarial y derecho de propiedad aparecen como seriamente amenazados por la aplicación del régimen impugnado, cuando no para toda la ciudadanía la oferta informática y de opinión”, escribió el camarista.
Se trata del mismo magistrado que, como integrante de la Sala III en lo Civil y Comercial Federal, en 1998 falló en contra del periodista Eduardo Aliverti, ratificando una condena por “calumnias” que lo obligaba a pagar 50 mil pesos a un ex funcionario alfonsinista. La causa se originó en 1987, cuando Aliverti citó por Radio Belgrano un artículo de la revista El Porteño donde se vinculaba a Juan José Ramos, entonces jefe de prensa del Ministerio de Acción Social, con un supuesto episodio de coimas. El fallo de primera instancia dijo que el conductor debía pagarle 10 mil pesos a Ramos.
La Sala II ratificó lo actuado y además elevó el monto a 20 mil pesos, pero en 1997 la Corte dejó sin efecto el dictamen, al que calificó de “arbitrario”. Con ese antecedente, el expediente recayó en la Sala III, donde De las Carreras y otros dos camaristas, a pesar de lo dicho por el máximo tribunal, ratificaron la sentencia tal cual había sido revocada.
Por último, en marzo de 2000, la Corte volvió a anular el fallo con el siguiente argumento: “La Sala III se embarcó en una serie de digresiones sobre el alcance de las posiciones formuladas por el actor que (…) no pueden tener sino el carácter de un razonamiento desvinculado del caso”.
Otro contrapunto del fuero Civil y Comercial con el máximo tribunal se dio en un expediente que se remonta a 1980, cuando un grupo de productores de papa de Balcarce iniciaron acciones contra la Corona Inglesa. Los agricultores habían comprado a empresas de ese país 10.500 bolsas de papa semilla, por 400 mil dólares, pero al recibir el cargamento la autoridad sanitaria argentina determinó que el 12% estaba podrido, por lo que fue decomisado.
Tras varios acuerdos frustrados, en 1996 los paperos iniciaron un juicio contra el Estado inglés por 171 millones de dólares. El juez José Luis Tresguerras les dio la razón a los productores, pero la embajada británica apeló y la Sala I, con el voto de De las Carreras, declaró la nulidad del juicio.
Fue por “defectos en la notificación de la demanda”, un tecnicismo que consistió en que el juez de primera instancia había cursado la notificación directamente a la embajada de la corona y no a través de la Cancillería argentina. Los paperos fueron a la Corte, que en 2006 determinó que el juicio debía reactivarse y volver a foja cero.
En el caso de Najurieta, fue secretaria letrada del ex juez de la Corte Augusto Belluscio y llegó a camarista en 2002, cuando el ex presidente Eduardo Duhalde la eligió como cabeza de la terna para ocupar un lugar en la Cámara Civil y Comercial. De ese concurso participaron además el ultramontano Ricardo Recondo –hoy, miembro del Consejo de la Magistratura– y Edmundo Carbone, dos magistrados que, desde el mismo fuero que Najurieta, también emitieron fallos a favor de Clarín.
En octubre de 2010, Najurieta y Farrell –De las Carreras tenía licencia– dispusieron que una causa que investiga el financiamiento de la dictadura por parte de entidades bancarias recayera en un juzgado Civil y Comercial de primera instancia, y no en el fuero Criminal y Correccional Federal y de Instrucción. La elección implica que en este proceso no habrá condena penal: quizás se llegue a un resarcimiento económico por “daños y perjuicios”, pero los posibles prestamistas de la dictadura seguirán zafando de las rejas.
Como dice el refrán: justicia que no llega a tiempo se parece mucho a la injusticia. Algo que los abogados de Clarín saben muy bien. Por ahora, cuentan con los tres años “de gracia” concedidos por Najurieta y De las Carreras.

fuente:Tiempo Argentino

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