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Sociedad

Caso Noble: Chicha Mariani pidió que se impugnen los límites al cotejo de ADN

La Abuela de Plaza de Mayo elevó a la Fiscalía Especial en Derechos Humanos sus argumentos para que no se obstruya la verdad. Recordó que en 2009 los abogados de los herederos de la dueña de Clarín habían intentado delimitar la comparación del material genético y solicitó el entrecruzamiento con todos los datos del BNDG.

 

Una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobik “Chicha” Mariani, le pidió al fiscal a cargo de la Unidad de Seguimiento y Coordinación de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura, Jorge Auat, que “impugne y en definitiva se deje sin efecto las medidas judiciales mediante las cuales se pretende limitar los cotejos del material genético de los jóvenes inscriptos como Marcela y Felipe Noble Herrera”. Para ello, puso en conocimiento de la fiscalía especial que ya a fines de 2009 se había producido por parte de los abogados de los Noble Herrera un intento de delimitar el espectro de comparaciones, lo que fue resistido con éxito por un nutrido grupo de organismos defensores de los Derechos Humanos y personalidades, desde Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora hasta el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, pasando por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, HIJOS y Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia.

“En aquella oportunidad sostuve que adoptar un criterio limitativo como el propuesto, además de constituir un precedente nefasto para la búsqueda de centenares de niños que aún siguen privados de su historia, origen e identidad, podría sellar definitivamente la posibilidad de que Marcela y Felipe se reencuentren con sus familias”, recordó Mariano. Y, en ese sentido, subrayó: “El elevado nivel de impunidad y clandestinidad con la que se actuó en el trámite de estas adopciones, sumado a comprobada complicidad con las más altas autoridades del gobierno de facto que se ha verificado en el caso concreto, imponen al Ministerio Público, como custodios de la legalidad y representantes de la sociedad, la obligación de impugnar aquellas decisiones que contrarían la ley implican una limitación al derecho a la verdad adoptadas sobre la base de elementos probatorios que pudieron haber sigo fraguados”.

fuente:ElArgentino

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